El feo rostro de la desigualdad se hizo presente, de nuevo, en la sociedad costarricense, acompañada de dos primos hermanos: el desempleo y la pobreza. La primera, medida por el coeficiente de Gini, era ya bastante fea, pues se ubicaba en  0,424 en el 2008 pero con la crisis del 2009 subió a 0,439, lo que significa que la distribución del ingreso se volvió más desigual. El desempleo, por su parte, subió a 7,8% en el 2009 y la pobreza creció a 18,5%. La pregunta, repito, es cómo reducir esas variables de manera elevada y sostenida para hacer de Costa Rica una sociedad más justa y próspera.

Tal y como dije anteriormente, para mí el desempleo, pobreza y desigualdad guardan una gran correlación entre ellos y, a la vez, se relacionan con otras variables muy importantes que las afectan para bien o para mal: producción e inflación. Pero hay economistas que piensan lo contrario: el crecimiento del PIB no necesariamente conlleva mayor generación de empleos de calidad que permitan el ascenso de los más pobres. He aquí un dilema fundamental.

Si aceptamos esa tesis, habría que desechar las políticas para crear un panorama propicio para la inversión nacional y extranjera (clima de negocios), y evitar que los recursos fluyan libremente en el mercado para mejorar asignación de recursos y activar la producción. Adiós a la eficiencia y productividad. También tendríamos que desechar esas mismas políticas de crecimiento pues, según ellos, propician la desigualdad toda vez que las nuevas remuneraciones generadas favorecen a los más ricos. Ergo, al carajo el crecimiento del libre mercado; es el Estado el nuevo Chapulín Colorado.

Yo no me apunto con esa tesis, por más redentora que parezca. Creo firmemente que, a pesar de la crisis, el sistema del libre mercado seguirá cumpliendo una función social trascendental, pues le asigna mayor remuneración al que más aporta a la sociedad. Y ese incentivo es el único capaz de lograr mayores niveles de producción, empleo y salarios crecientes. Además, creo que controlar la inflación permitirá preservar el nivel real de los salarios e impedirá que la pobreza y la desigualdad aumenten.

Mientras que el Estado de la Nación aboga por una política de salarios mínimos crecientes para aumentar los salarios y disminuir la pobreza, yo pienso que sería mucho más efectivo y sostenible aumentar la producción y controlar la inflación para defender a los trabajadores. La teoría económica dice claramente que si el estado impone leyes de remuneración salarial por encima del equilibrio del mercado, en vez subir el salario real, más bien aumenta el desempleo, y eventualmente suben los precios por el efecto en los costos de producción. La evidencia más reciente da señales en esa dirección.

La última Encuesta de Hogares del INEC revela que el desempleo, pobreza y desigualdad se afectan por el crecimiento del PIB y el nivel de inflación. Señala que durante el período comprendido entre 2007 y 2008, cuando el PIB crecía a tasas vigorosas, bajaron el desempleo y pobreza. La pobreza no bajó más a pesar del incremento en el nivel nominal de los salarios, porque la inflación fue muy elevada en esos dos años. En cambio, en 2009, cuando la expansión de la producción fue negativa (-1,3%), subieron el desempleo (de 4,7% a 7,5%) y la pobreza (de 17,7% a 18,5%). Además, subió la desigualdad. Habría que aclarar, desde luego, que la desigualdad no depende únicamente de esas dos variables, sino de muchas, y que la pobreza no subió más en el 2009 gracias a la reducción de la inflación, que pasó de 14% a 4% (anualizada).