El Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Arias y el Ministro de Comercio Exterior, Marco V. Ruiz, librará hoy una importante batalla por abrir las fronteras al libre tránsito de mercaderías dirigidas a, o provenientes de, Honduras. Dejando lo político a un lado, hay razones legales, morales y económicas para exigir la apertura.

• Las legales las esbozó sucintamente el Ministro Ruiz ayer en La Nación: los tratados impiden adoptar decisiones administrativas en su contra. Debe recordarse que, de acuerdo con nuestra Constitución (Art. 7) los tratados internacionales debidamente ratificados están por encima de las leyes y, desde luego, de los reglamentos y actos administrativos.
• Las morales las esgrimimos aquí en este blog: es injusto condenar a los pueblos de una nación (consumidores) por las acciones u omisiones de sus gobernantes. Las restricciones normalmente no afectan a los políticos, pero sí dañan el bienestar de la población, que normalmente nada tiene que ver con las vicisitudes políticas.
• Las económicas han sido recogidas por los medios de comunicación. Hoy hay un reportaje pormenorizado en La Nación sobre los daños producidos a los productores nacionales. Ayer también reportó CNN (en Español) que los empresarios guatemaltecos estimaban las pérdidas en $39 millones diarios por el cierre de la frontera.

Esperamos que el Gobierno tenga éxito y logre lo mejor para los consumidores y productores de Centro América, incluyendo, desde luego, Costa Rica. !Suerte…!

Deseo resaltar dos posiciones transparentes ante los embargos comerciales y otras sanciones económicas decretados por el Sica en Centro América y otras organizaciones internacionales.

La primera es del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX). Según declaraciones recogidas en La Nación de hoy, el Ministro Ruiz denuncia la ilegalidad del cierre de fronteras con Honduras. El cierre había sido decretado por Guatemala, El Salvador y Nicaragua por un plazo de 48 horas, supuestamente renovable.

Afortunadamente, Costa rica no participó. Y ahora tiene no sólo la autoridad moral para demandar la apertura sino que, también, está exenta de responsabilidad legal. Pero los exportadores e importadores costarricenses afectados por la medida podrán demandar civilmente a los tres países que decretaron la restricción, si se comprueba que, efectivamente, la medida no tiene sustento jurídico. Creo que los empresarios (con apoyo de las cámaras) deberían proceder a entablar los reclamos de conformidad con el derecho establecido para sentar un precedente. Será importante, sobre todo, si se prolongan las medidas.

La otra acción a destacar es la emprendida por las cámaras empresariales de Guatemala para solicitar a su gobierno (y presumiblemente, a los de El Salvador y Nicaragua) la derogatoria de las restricciones a libre tránsito de mercaderías. Su tesis es la misma que hemos esgrimido en este blog: no debe penalizarse a los pueblos (consumidores) ni a las empresas proveedoras de bienes y servicios por los actos y acciones de los gobernantes.

Destaco que el Presidente Obama, actuando muy inteligentemente, aclaró que los EE.UU. no suspenderían su apoyo a Honduras. Asumo que al decir eso quiso incluir también las medidas comerciales ligadas al TLC.

Finalmente, me parece que hemos derivado una lección importante relativa a las normas que deben prevalecer a la hora de negociar tratados de libre comercio: debe haber un conjunto claro de normas para prohibir expresamente el cierre de fronteras por conflictos de carácter político.

La situación política en Honduras es muy delicada. A estas alturas, no sabemos cómo se resolverá. Pero las reacciones económicas iniciales de los gobiernos centroamericanos reunidos en el Sica y otros organismos internacionales causan gran controversia. La pregunta fundamental es: ¿se debe castigar a los pueblos de los países comerciantes o, más bien, a los políticos? Abrimos el foro a discusión.  

Para estimular el debate, lanzo los siguientes dardos:

1. Doctrinas convencionales del Derecho Internacional condenan la intervención foránea en los asuntos políticos internos de cada nación. ¿Es la sanción comercial impuesta por los países centroamericanos una ingerencia en los asuntos internos de una nación independiente? ¿No se condenó a EE.UU. por su ingerencia en Irak?
2. Aunque fuera lícita la intervención foránea, yo nunca he estado de acuerdo en castigar a los pueblos, sino a los políticos o militares. ¿Qué culpa tienen los infantes hondureños del golpe y, sin embargo, el embargo de los países centroamericanos los deja sin leche de la Dos Pinos, indispensable para la alimentación y salud?
3. Tampoco estuve de acuerdo con el embargo al pueblo de Cuba. Los ciudadanos no son culpables del régimen político dictatorial impuesto por los militares. Me alegré por los esfuerzos de la OEA para levantar el embargo. Pero ahora me llama poderosamente la atención la decisión de los mismos gobiernos imponer nuevas sanciones comerciales, como si, con eso, castigaran a los militares y políticos. Me parece un contrasentido. O, peor aún, una hipocresía.
4. También se castiga a los ciudadanos y empresas de los países con quienes comercian con Honduras. No veo ninguna razón para castigar a los exportadores costarricenses por algo que está absolutamente fuera de su control. De nuevo, están castigando a inocentes.
5. ¿Habrá alguna responsabilidad estatal por los daños y perjuicios causados?

A propósito del debate entre cámaras empresariales sobre el tratado de libre comercio con China, transcribo un interesante artículo de Walter Farah publicado hoy en La Nación donde defiende la posición de CACIA:

El doble discurso de la política comercial

Walter Farah

En junio de 2007, el Gobierno de la República anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, que incluyó la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países y, conforme las conclusiones y recomendaciones derivadas de un “Estudio conjunto de factibilidad para un Tratado de Libre Comercio”, realizado entre enero y julio de 2008, el 17 de noviembre de ese mismo año ambas partes firmaron un “Memorando de Entendimiento” para el inicio de dicha negociación.

A propósito de la reciente III Ronda de Negociaciones, representantes de las Cámaras de Industrias, Industria Alimentaria, Industria Plástica, Metalurgia e Industria Gráfica, llamaron la atención de Comex para asumir una actitud responsable a propósito de las condiciones de dicha negociación y su incongruencia con el resto de la política comercial del país.En efecto, al mismo tiempo que el Gobierno negocia acuerdos comerciales con Europa, China y Singapur, bajo la supuesta bandera del libre comercio, mantiene su política proteccionista de desgravación arancelaria selectiva, mediante una apertura desigual que impide el libre acceso a materias primas en precio y condiciones competitivas.En la práctica, ello ha significado, por ejemplo, aplazar la eliminación del Anexo A del Convenio Arancelario Centroamericano y la armonización arancelaria y normativa con la región.

Doble discurso. En consecuencia, el doble discurso de la política comercial costarricense afecta negativamente a productores de, entre otros, pollo, huevos, cerdo, embutidos, leche, pan, galletas, pastas, bocadillos y snack’s , justamente por el alto precio de sus materias primas. Es el caso, por ejemplo, para la fabricación de harinas, de quienes utilizan grasas vegetales provenientes de soya y palma, como panificación, galletería y pastas.A pesar de declaraciones oficiales, lo cierto del caso es que la voluntad política y la dinámica se concentran en los tratados de libre comercio, mientras que la desgravación centroamericana marcha a paso lento.

Es cierto que algunas acciones se han tomado, como la eliminación, en mayo del 2008, del arancel del 35% a las partes de pollo para embutidos, que permitió la libre la importación de la denominada carne deshuesada mecánicamente (CDM). Pero medidas similares son escasas y, cuando se deciden, reflejan de inmediato las distorsiones existentes, como, en el ejemplo anterior, donde la producción nacional es protegida, mientras, al mismo tiempo, es deficitaria para atender la fuerte demanda de la industria nacional, de igual forma que ocurre con el maíz blanco, el arroz de puntilla o, como en el caso de algunos sólidos lácteos, que ni siquiera son producidos en Costa Rica, pero que son protegidos arancelariamente o, utilizando como barreras de entrada exclusiones del comercio, cuotas, salvaguardas, tal como ocurre con la leche en polvo y el azúcar, entre otras.

En realidad, para incrementar la eficiencia y la competitividad de la producción costarricense que conduzca a una mejor asignación de los recursos para los consumidores y los propios productores, la única solución viable es, por un lado, la inmediata armonización arancelaria y normativa con la región centroamericana y, por otra, la total desgravación arancelaria a todas las importaciones.Mientras ello no suceda, las contradicciones de Comex seguirán prevaleciendo y no es de extrañar que Marco Vinicio Ruiz, Ministro de Comercio Exterior, no tenga mejor remedio que acudir al golpe bajo, a la insolencia gratuita y al calificativo que denigra a industriales nacionales, sus antiguos representados, como para no olvidar el excesivo poder del sector azucarero, entre otros, a costa de la producción de alto valor agregado, la verdad y la coherencia.