A raíz de la queja del conductor José Miguel Redondo, hace unos días discutimos en este blog quién debe pagar los costos cuando un carro sufre daños por la ausencia de las tapas de alcantarillas.

Algunos lectores opinaron que los ciudadanos debemos colaborar y organizarnos para reponer las tapas que son robadas y señalizar los huecos. Otros rechazaron esa opción y alegaron que para eso se pagan impuestos y es deber de las autoridades mantener las vías sin obstáculos inseguros.

Todo el mundo partió del supuesto de que las tapas, frente a La Nación, habían sido robadas, pero después de hacer algunas averiguaciones me di cuenta de que los pedazos de las tapas estaban en el fondo de los pozos de las alcantarillas. Así salió la noticia de que las tapas que la empresa contratada por el Conavi, Fernández Vaglio Constructora, puso eran inservibles y se quebraban o salían volando cuando pasaban los carros.

Como resultado, una calle de unos 200 metros tenía al menos seis pozos destapados y todos los días se observaban vehículos recibiendo daños. Eso estuvo así por meses y se corrigió el jueves, luego de que este medio hizo las consultas sobre el caso.  

El ingeniero a cargo del proyecto por parte del Conavi dijo que las tapas van a ser cambiadas porque a la empresa se las vendieron mal, aunque ha pasado medio año y nada. También dijo que en esto no hay nada perfecto y que la gente debe fijarse "por dónde camina". No se recibió respuesta de la empresa.

La pregunta es quién debe pagarle a José Miguel los ¢100.000 que le costó reparar el carro. ¿Es responsabilidad de la empresa, del Conavi, del ingeniero encargado o de él mismo por no "fijarse por dónde camina"?

Me dijo José Miguel que envió una carta a la empresa Fernández Vaglio en la que solicita le paguen los daños sufridos por su vehículo. Veremos qué respuesta le da la empresa, que hasta ahora se ha mantenido en silencio. 

Esa fue la pregunta que me hizo hace unos días José Miguel Redondo, un empleado de La Nación, después de que su carro pasó sobre esta alcantarilla destapada al ingresar al parqueo del periódico.

"En el fondo de ese ¡¡&%"#&!! hueco quedó mi llanta, mi aro y mi compensador... Resultado final: Hueco 1 – Mi carro 0, marcador que equivale a ¢100.000 en gastos", me dijo.

Me pareció una buena oportunidad para averiguar qué podemos hacer los usuarios perjudicados por servicios públicos en mal estado.

Llamé a la Municipalidad de Tibás y pregunté qué responsabilidad asume esta cuando ocurren accidentes causados, por ejemplo, por un alcantarillado inseguro.

Esta vez se dañó un vehículo -lo cual es bastante serio porque las reparaciones no son exactamente gratuitas-, pero otro día podría caerse un niño o quebrarse un hueso cualquier persona. Eso por mencionar solo algunas posibilidades y sin porneme trágica.

Para mi sorpresa, la abogada de la Municipalidad, Jeannette Acuña, no rechazó de primera entrada la posibilidad de que la institución asuma la responsabilidad. Según explicó, se debe presentar una carta dirigida al alcalde, preferiblemente con copia de las facturas.

Claro, una cosa es que el municipio reciba el reclamo y otra que pague los platos -o llantas- rotos. Si no los paga, entonces hay que acudir a la vía contencioso-administrativa (utilizada en problemas con instituciones públicas).

Esto significa contratar un abogado, que significa pagar quizá más de lo que se está reclamando, que significa llevarse un gran disgusto, que significa que muchos preferirían no hacerlo.

Sin embargo, la abogada insistió en que el nuevo Código Procesal Contencioso-Administrativo ofrece nuevas posibilidades y recordé comentarios similares que he escuchado de otros abogados.

El nuevo código permite procesos orales más expeditos, no es necesario agotar la vía administrativa, los jueces pueden dictar medidas cautelares, más ciudadanos tienen legitimidad para demandar, se pueden hacer conciliaciones y otros recursos.

Sería interesante que grupos vecinales, consumidores e individuos en general experimenten con esta opción. Sospecho que con solo recibir la notificación del reclamo judicial, la Municipalidad de Tibás preferiría tapar la alcantarilla de inmediato.

Quizá eso no le ayude a José Miguel a que le reconozcan rápidamente el costo de las facturas y quizá una tapa de alcantarilla es algo muy pequeño para llevar a un tribunal, pero podría ser una forma efectiva de exigir servicios públicos seguros si no se logran de ninguna otra forma.